“El gobierno es culpable de todo. Son todos asesinos”

EuroCaravana 43

“¿Qué esperanzas tenemos con un gobierno asesino? En México no hay justicia para los pobres”, asegura Eleucadio Ortega. Eleucadio es un campesino mexicano, padre de uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Hace siete meses. Un caso de los miles que hay en el país azteca. Un episodio que ha conmocionado a medio mundo y que deja en evidencia la impunidad que existe en el sistema político y policial mexicano. Eleucadio participó a principios de mayo en las Jornadas de Solidaridad Política, organizadas por ASSI en Zaragoza, formando parte de la llamada Eurocaravana 43, una iniciativa que ha llevado a varios amigos y familiares de los desaparecidos a recorrer 13 países europeos para informar sobre la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el país centroamericano.

Eleucadio comienza su testimonio ante un auditorio atento. Las primeras palabras cuesta entenderlas, pero poco a poco a la vez que va narrando y recordando el calvario de estos siete meses, su voz se va afinando. Su tono, endureciéndose. “Estamos en pie de lucha, los 43 unidos y lo estaremos hasta encontrar vivos a nuestros hijos”. “Ahora en Iguala estamos amenazados. Tenemos a la policía, a la gendarmería… No están para ayudar, sino para asustar a la gente para que no salga”. “El gobierno es culpable de todo. Son todos asesinos”, sentencia.

Junto al campesino en la mesa hay dos rostros más venidos desde Iguala. Uno es el de Román, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en el estado de Guerrero. Román introduce. Román narra los hechos. El 26 de septiembre, los estudiantes viajaban en un bus que habían tomado y tuvieron un enfrentamiento contra miembros de la policía mexicana. Poco más sabe. Desaparecieron. Hubo incidentes que dejaron seis fallecidos y 20 heridos, dos de los cuales, a día de hoy, permanecen hospitalizados.

Festival “Voces por la Justicia en Ayotzinapa” en Oaxaca

Desde un inicio las familias de Iguala, junto a los compañeros de los estudiantes, quisieron saber y lo que aprendieron de golpe es que “el estado mexicano no tiene capacidad para realizar investigaciones”. Para Román hay una certeza que hay que tener en cuenta para analizar la situación: “En México no hay garantías de que se cumplan los Derechos Humanos”. “¿Cuál es la razón de ser del estado mexicano?”, se pregunta. El gobierno quiso dar una respuesta rápida y mediática. El 4 y el 5 de octubre encontró fosas comunes alrededor de Iguala e informó que pertenecían a los 43 jóvenes desaparecidos. Ofreciendo además indemnizaciones a los familiares. No se lo creyeron.

Hubo que acudir a un grupo ajeno al gobierno, al Equipo Argentino de Antropología Forense, quien tomó muestras de los familiares y determinó que esos cuerpos no eran los de los estudiantes. Fue ahí cuando hubo una ruptura de total. Se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y se aprobó la idea de que había que buscarlos con vida. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 27 de enero hubo nuevas informaciones. La “verdad histórica” tal y como señaló la Procuraduría General de la Nación de México era que los normalistas habían sido llevados al basurero de Cocula y en la noche del 26 al 27 de septiembre habían sido asesinados, cremados (esa noche llovió en Iguala) y arrojados en bolsas al río San Juan. Las familias no se lo creen. Posteriormente, el gobierno presentó un resto óseo, identificado por un laboratorio austriaco, como perteneciente a uno de los estudiantes. Pero, vienen más preguntas. “¿De dónde salió? El equipo argentino afirma que ellos no estaban presentes cuando se halló. ¿De dónde sacó el gobierno ese hueso?”, reflexiona Román.

Eurocaravana en París. Fuente: https://sulugarlosespera.wordpress.com/

Aún quedan palabras por decir. Estas vienen de la boca de Omar, un estudiante de la misma escuela, que viajaba en otro de los autobuses tomados ese día por los alumnos de la Normal, pero que corrió diferente suerte. “No vinimos a la UE a llorar ni a dar lástima. Venimos, no a reunirnos con gobernantes, sino con la sociedad”. Omar habla de solidaridad a nivel internacional y lamenta haber dejado que el estado mexicano llegue a estos niveles “¿Por qué permitimos que el problema se hiciera grande?”. Asegura que las desapariciones son abundantes en México al igual que los crímenes. Lo de los 43 no es un hecho aislado. “No nos vamos a callar hasta que o bien nos corten la lengua o nos fallen las fuerzas”, comenta.

No quieren cerrar el caso, tal como plantea el gobierno de Peña Nieto, y exigen que se trabaje en tres vías:

1. Seguir buscándolos vivos
2. Abrir nuevas vías de investigación mirando hacia el ejército mexicano
3. Tipificación del delito como “Desaparición forzada”, un crimen de lesa Humanidad. (Pudiendo ser juzgado así por una  Corte Penal Internacional o  un Tribunal Penal Internacional).

De momento la lucha lleva siete meses en marcha. Siete meses de espera. Siete meses de incertidumbre. Siete meses de mentiras. Para conocer qué ocurre, lo mejor es visitar la web del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, donde se cuelgan los avances, comunicados y noticias sobre las desapariciones forzadas de estos 43 estudiantes. También se puede firmar en Amnistía Internacional para que estudie el caso, no se dé por cerrado y se investigue para acabar con la impunidad en México. 

Además, para ver que el caso de los estudiantes se enmarca dentro de la dinámica en la que está sumida la sociedad mexicana, os invito a que descarguéis de manera legal el libro Crónicas del Estadillo, de Martín Cúneo y Enma Gascò, cuyo último capítulo pone en relieve los levantamientos del pueblo mexicano en las últimas décadas hacia su gobierno.

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